La valentía de un juez de
Montilla
Así comienza una noticia del 30 de octubre de 2021 del periódico digital Córdoba.
Montilla es mi ciudad de nacimiento y residencia, y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad tuvo lugar un acontecimiento innovador que merece ser destacado.
Su titular, el Juez Francisco José Ortega Reyes dictó un Auto, el 15 de octubre de 2021, en el que reconocía el derecho a la inscripción en el Registro Civil del nacimiento, producido en Argelia, de una niña de madre camerunesa, sin que existiera prueba documental que registrara ese nacimiento.
El auto declara que la inscripción del nacimiento es un "derecho de naturaleza elemental o básica, inherente a las sociedades mínimamente civilizadas, es un derecho de naturaleza prestacional, en el sentido de que los Estados deben procurar por todos los medios posibles que todo ser humano sea registrado, como instrumento indispensable para reconocer, respetar y proteger todos los demás derechos y libertades que le son inherentes por su nacimiento."
Y es que si hay una discriminación peor a que no reconozcan tus derechos en igualdad de trato y oportunidades, es, ser invisible para la sociedad, y ser nadie para el Estado que debe garantizar y amparar tus derechos.En palabras del Juez, "no hay mayor vulneración que no existir para el Derecho".
Esta es una situación que viven los “niños invisibles” , las niñas y niños apátridas.
Un informe de ACNUR
revela que los niños y niñas apátridas en todo el mundo sufren esta grave discriminación. Este estudio que se ha llevado a cabo por primera vez en
distintos países, recoge la opinión de niños y niñas apátridas, y refleja
que los problemas comunes a los que se enfrentan afectan profundamente a sus
posibilidades de disfrutar de su infancia, de llevar una vida saludable, de
estudiar y de hacer realidad sus sueños.
Entre las decenas de jóvenes entrevistados en siete países
para este informe titulado Aquí estoy aquí, aquí pertenezco: la urgente
necesidad de acabar con la apatridia infantil, muchos manifiestan que ser
apátridas les ha traído graves consecuencias psicológicas, describiéndose a sí
mismos como “invisibles”, “extranjeros”, “marginados en la sombra”, “como un
perro callejero” e “insignificante”.
Tras este informe, ACNUR lanzó su campaña #IBelong /
#YoPertenezco para poner fin a la apatridia en 10 años. Entiende que la apatridia es un
problema generado por el ser humano y tiene fácil solución. Con la voluntad política y el respaldo público necesarios, millones
de personas en el mundo podrían obtener una nacionalidad y evitar que sus hijos
nazcan apátridas. Esta campaña se apoya en el Plan de
Acción Global, que establece medidas concretas para que los Estados puedan
resolver el problema. La concesión de una nacionalidad permitiría que los 10
millones de apátridas en el mundo pudieran ejercer plenamente sus derechos
humanos fundamentales y disfrutar del sentimiento de pertenencia en sus
comunidades, poner fin a una vida de discriminación.
Los “niños invisibles” son apátridas al no adquirir la
nacionalidad del país de la madre ni la del país de nacimiento.
Esta niña nació en marzo de 2020 en Orán (Argelia) durante
el viaje de la madre hacia Europa pero allí no fue inscrita en el registro. Un
año después llegó en patera a España, aquí conforme a nuestra legislación sobre
adquisición de la nacionalidad, no procedía su inscripción registral , lo que implica que carecía de
nacionalidad y de identidad. Desde hace más
de un año la pequeña vive en la localidad montillana junto a su madre en el
centro de acogida humanitaria del programa Ödos, que acoge a mujeres y menores
que llegan de forma irregular a España, y
que trabajan para garantizar las propuestas que plantea en su informe ACNUR. A día de hoy, y gracias a
la valentía de este Juez ha dejado de ser invisible.
Estas niñas y niños
apátridas que residen en España y se encuentran bajo su jurisdicción, deben ser protegidos por las autoridades españolas, y tras la iniciativa de este Juez se ha encontrado la solución a las solicitudes de los mismos sobre la inscripción de su
nacimiento y la adquisición de una nacionalidad, atendiendo sobre todo a la situación de vulneración de derechos
fundamentales de niños, como es el derecho a la identidad y a la nacionalidad, pero también el acceso a la
educación y a la asistencia sanitaria.
Considera el Juez que que "el Estado español tiene la obligación de inscribir a la
niña, por ser el país donde reside y en atención a las obligaciones impuestas a España por Tratados Internacionales,
sin que pueda excusar España esa obligación remitiendo a la niña a que formule su solicitud ante
Argelia o Camerún". Con estas premisas, el auto concluye que nuestro derecho positivo debe
interpretarse de conformidad con esas obligaciones de derecho internacional público y la obligación de
velar por los derechos fundamentales de la niña.
La actuación de Jueces y Magistrados de toda España, en base
a los fundamentos jurídicos que ha seguido Francisco José Ortega Reyes puede
traer un gran avance en corregir esta situación de discriminación que sufren
las niñas y niños invisibles. De hecho, las respuestas no se han hecho esperar,
y por su parte, el Fiscal de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja ha dicho que el
Auto es "muy didáctico", que "carga las tintas en el
aspecto social" y que supone
"una llamada fuerte a evitar la apatridia". En días posteriores todos los periodicos, incluidos los de ámbito nacional, publicaron un artículo detallando la noticia.
